Washington, la Unión Europea y la ONU condenaron el ataque de 1996.
MIAMI, Estados Unidos ― EE.UU., la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por cazas cubanos en 1996, mientras Rusia, China y varios países no alineados se negaron a cargar la responsabilidad solo sobre La Habana.
El caso volvió este lunes a los tribunales. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una orden de arresto estatal contra Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba en 1996, por conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La firmó la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial, Ariana Fajardo Orshan, sin derecho a fianza. “Raúl Castro ordenó a sangre fría el asesinato de cuatro floridanos, y Florida nunca dejará de exigir que se rindan cuentas por esa conspiración comunista”, dijo Uthmeier.
El cargo estatal se suma a la acusación federal que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida hizo pública en mayo por los mismos hechos.
La Habana respondió horas después. “La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, escribió el gobernante Miguel Díaz-Canel. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla la calificó de “nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida”.
La línea es la misma que defendió el Gobierno cubano hace 30 años. El 24 de febrero de 1996, cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron con misiles dos avionetas Cessna desarmadas que habían despegado de Miami. Murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal. Una tercera avioneta, con José Basulto, fundador de la organización, logró regresar.
Washington: condena, sanciones y la ley Helms-Burton
La primera reacción llegó esa misma tarde. “Condeno esta acción en los términos más enérgicos posibles”, declaró el presidente Bill Clinton desde Shoreline, en el estado de Washington.
Dos días después pasó de la condena a las sanciones. “Hace dos días, a plena luz del día y sin justificación, aviones militares cubanos derribaron dos aviones civiles en el espacio aéreo internacional”, afirmó en la Casa Blanca. Calificó el ataque de “flagrante violación del derecho internacional” y admitió que el grupo había entrado antes en el espacio aéreo cubano, pero sostuvo que eso no era excusa. Anunció compensaciones para las familias con fondos cubanos congelados en EE.UU., más alcance para Radio Martí, nuevas restricciones de viaje a los funcionarios cubanos en el país y la suspensión indefinida de los vuelos chárter a la isla. También se comprometió a pactar con el Congreso la ley Helms-Burton, entonces pendiente.
El Congreso no habló con una sola voz. El demócrata Robert Menendez, de Nueva Jersey, se levantó en la Cámara de Representantes para condenar “un asesinato brutal, a sangre fría y premeditado de ciudadanos estadounidenses”. “Solo una persona ha causado la muerte de estos cuatro ciudadanos estadounidenses, y esa es la dictadura de Castro y el propio Fidel Castro”, dijo el 27 de febrero.
En la misma sesión, el también demócrata José Serrano, de Nueva York y partidario de levantar el embargo, lamentó las muertes, pero cuestionó a su propio Gobierno. “El Gobierno cubano debió haber manejado esta situación de otra manera. Los aviones, de ser necesario, podrían haber sido obligados a aterrizar, y no destruidos”, afirmó, antes de pedir una investigación sobre lo que Washington sabía de los vuelos previos de Hermanos al Rescate sobre Cuba.
El Congreso aprobó la ley en los días siguientes. Clinton la promulgó el 12 de marzo con el nombre oficial de Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Libertad) de 1996 y la dedicó a las cuatro víctimas: “Los aviones estaban desarmados; los pilotos, sin aviso. No representaban ninguna amenaza para la seguridad de Cuba”.
Europa y la ONU
La Unión Europea condenó el derribo el 26 de febrero, el mismo día del anuncio de Clinton. “Al margen de las circunstancias que rodearan el incidente, no hay excusas para no respetar el derecho internacional y las normas de derechos humanos”, sostuvo desde Roma la presidencia italiana en nombre de los Quince, que pidieron además una investigación inmediata y exhortaron a “todas las partes interesadas” a actuar con moderación.
En Nueva York, la ofensiva la llevó Madeleine Albright, embajadora de EE.UU. ante la ONU y presidenta del Consejo de Seguridad ese mes. Washington buscaba sanciones, pero chocó con Moscú y Pekín. Diplomáticos chinos advirtieron de “serias consecuencias” si el Consejo actuaba con prisa, reportó entonces la agencia IPS, y la Cancillería rusa anunció que no aprobaría ninguna acción contra Cuba en ese momento.
El resultado fue una declaración sin castigo. Esa madrugada, la del 27 de febrero, el Consejo deploró “enérgicamente” el derribo y pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que investigara. Ese mismo día, tras difundir las grabaciones en las que los pilotos cubanos celebraban el impacto con una alusión vulgar a los testículos de sus víctimas, Albright respondió con la frase que la hizo célebre en Miami: “Esto no es cojones, es cobardía”.
Cuba había dado su versión minutos antes, en una sesión que empezó a las 3:10 de la madrugada. “El Gobierno de la República de Cuba tiene pruebas irrebatibles de que las dos aeronaves del caso se encontraban en el momento de ser derribadas dentro del espacio aéreo cubano”, afirmó su embajador ante la ONU, el hoy canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Según su relato, dos horas antes del ataque uno de los responsables de los vuelos fue advertido de que las defensas estaban activadas y “respondió que aunque conocía de la prohibición, volaría de todos modos en el área”.
Rodríguez Parrilla leyó también una nota de la Cancillería cubana que se publicaba en ese momento: “Que lo sepan los dirigentes de los Estados Unidos, que lo sepan los miserables traidores que en nuestro país tratan de colaborar con ellos: esta es una lucha de patria o muerte. Cuba ni teme ni acepta amenazas”.
El 6 de marzo, el canciller Roberto Robaina llevó el caso a la Asamblea General. “El Gobierno de Cuba asume por entero la responsabilidad de la acción patriótica realizada en legítima defensa de la soberanía y la seguridad del país”, dijo. Describió a Hermanos al Rescate como “una organización paramilitar, terrorista y en guerra abierta contra nuestro país” y sostuvo que el Gobierno cubano “fue el primero en lamentar públicamente la pérdida de vidas humanas ocurrida el 24 de febrero como consecuencia de acciones irresponsables y criminales contra nuestro pueblo”. Albright le reprochó que no ofreciera una disculpa: “Lamentablemente, todo lo que hemos oído hasta ahora del Gobierno de Cuba es sólo propaganda y no hechos”.
Fidel Castro fue más allá: admitió que la orden había salido de él. Lo dijo primero a la revista Time, a finales de febrero, y lo repitió en una entrevista con Dan Rather, de la cadena CBS, difundida el 3 de septiembre. “Yo di la orden de comunicarle a la Fuerza Aérea que no se podía volver a permitir lo que ocurrió el 9 y el 13”, le dijo a Rather, en referencia a los vuelos de enero sobre La Habana, según la transcripción que publicó Hermanos al Rescate.
“Ellos tenían la facultad de hacerlo, y yo asumo la responsabilidad de eso. No trato de eludir en lo más mínimo la responsabilidad, porque realmente fueron las instrucciones en un momento de irritación realmente muy grande”, dijo.
Su hermano fue igual de explícito. El 21 de junio de 1996, en la sede del Partido Comunista en Holguín, Raúl Castro relató la orden que había dado: “Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”.
La frase procede de una grabación de Radio Rebelde que el periodista Wilfredo Cancio Isla dio a conocer en El Nuevo Herald en 2006, y es la misma que cita, en inglés, la declaración jurada en la que se basa la orden de arresto de Florida.
El informe de la OACI y la Resolución 1067
La investigación de la OACI llegó en junio y no dejó contento a nadie del todo. Los expertos concluyeron que las dos avionetas fueron derribadas a unas nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, según la estimación que consideraron más fiable.
La Habana no usó otros medios a su alcance, como la radio, ni intentó alejarlas u ordenarles aterrizar. El mismo informe documentó que el Gobierno cubano había protestado ante Washington por violaciones de su espacio aéreo en siete ocasiones entre mayo de 1994 y abril de 1995, que en julio de 1995 advirtió públicamente que podría derribar a los intrusos y que, el 13 de enero de 1996, Basulto sobrevoló La Habana a baja altura lanzando octavillas y medallas religiosas.
Con ese informe, EE.UU. volvió al Consejo de Seguridad. El 26 de julio se aprobó la Resolución 1067 con 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, las de China y Rusia. El texto calificó de ilícito el derribo, condenó el uso de armas contra aviones civiles en vuelo y llamó a Cuba a cumplir sus obligaciones.
El debate dejó ver las dos posturas. “Con franqueza, la posición de Cuba ha sido despiadada y despreciable. Derriban aeronaves civiles y luego culpan a las víctimas”, dijo Albright.
Para Alemania, derribar aeronaves civiles desarmadas, “independientemente de dónde suceda, ya sea sobre aguas territoriales o en alta mar, es una clara violación del derecho internacional”.
El chileno Juan Somavía fue más escueto: “Para nosotros no es posible justificar esas muertes”. El británico John Weston dijo que, al oír al representante cubano, se preguntaba “si estaba escuchando algo extraído de Alicia en el País de las Maravillas”.
El libro de Lewis Carroll había sido antes el arma de Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano. “‘La sentencia, primero; el veredicto, después.’ Ese mensaje ha presidido los intentos impuestos a la comunidad internacional por los Estados Unidos de América desde el pasado febrero para manipular la información, para falsificar datos”, afirmó. Y añadió: “Cuba no acusa a las víctimas, no convierte en culpables a las víctimas, porque el culpable principal es el Gobierno de los Estados Unidos de América”. Albright le devolvió la cita tras la votación: “Han pasado cinco meses y el veredicto ha llegado: este Consejo ha declarado a Cuba culpable de lo que se le acusaba: culpable de violar el derecho internacional”.
La Habana no estuvo sola. El ruso Alexander Gorelik justificó la abstención porque el texto “sigue desequilibrado tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista del derecho internacional”: a su juicio, no daba el mismo peso a la prohibición de usar aviones civiles con fines indebidos.
El chino Qin Huasun se quejó de que no se aceptaron las enmiendas de su país: “Esto ha introducido un sesgo en el proyecto de resolución actual”. Vietnam fue más lejos: “Por ser un país no alineado y un buen amigo de Cuba, Vietnam apoya la política exterior que aplica el Gobierno de Cuba”.
Laos defendió el “deber y el derecho sagrado” de cada Estado de proteger su integridad territorial. Indonesia votó a favor, aunque objetó que solo se señalara a Cuba; Botsuana advirtió que a los Estados “no se les debe provocar innecesariamente para que tomen acciones que normalmente evitan tomar”, y Colombia lamentó que la resolución no recogiera las enmiendas de los Países No Alineados.
La CIDH y lo que no cambió
El último pronunciamiento internacional de peso llegó en 1999. El 29 de septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Cuba violó el derecho a la vida de las cuatro víctimas, muertas en el espacio aéreo internacional, y el derecho de sus familias a la justicia. Recomendó investigar, juzgar a los responsables e indemnizar a los familiares. Cuba no respondió a la Comisión en ninguna fase del proceso.
Tres décadas después, La Habana mantiene la versión de 1996. Cuando se conoció la acusación federal, en mayo, Díaz-Canel escribió: “El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas”.
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