El embargo y las responsabilidades que La Habana esquiva

LA HABANA.- Tanto se ha escrito ya sobre el embargo de Estados Unidos contra el régimen castrocomunista que retomar el asunto parecería algo así como llover sobre mojado. Pero a veces resulta necesario, porque los voceros del gobierno de La Habana no se cansan de abordar eso que llaman “el bloqueo”.

Ejemplo de ello es lo que hizo el pasado martes el órgano oficial Granma, que publicó un artículo de Raúl Antonio Capote. Si truculento es su título, “La geografía de una vileza”, no menos tremebunda y manipuladora es la pregunta que figura en su bajante: “¿Cómo se fabrica la escasez desde una oficina en Washington?”.

La tesis central es la misma que esgrimen los alabarderos del castrismo cada vez que mencionan “el bloqueo”: atribuir a las medidas adoptadas en la capital estadounidense la responsabilidad por la ruinosa situación de escasez generalizada —¡de total postración, más bien!— que sufrimos los cubanos que residimos en la Isla sometida al socialismo burocrático.

Hay que reconocer que, en ocasiones, los escribidores del castrocomunismo, como hace Capote en este caso, añaden otros supuestos actos de agresión a la lista de males que sufre Cuba. Eso sí: todos provendrían de Washington. El artículo menciona “el bloqueo, el cerco energético y financiero, el bioterrorismo, el robo de talentos, la emigración inducida, el sabotaje”.

Sobre la emigración, Capote reconoce: “El país no solo pierde habitantes, sino que pierde capital humano en edades productivas y reproductivas, lo que compromete su capacidad de recuperación económica y su sostenibilidad social a largo plazo”.

El planteamiento no es falso. ¡Lo inaudito es que se pretenda culpar a nuestros vecinos del norte sin reconocer la inviabilidad del sistema socialista burocrático impuesto por los castristas! Tampoco se menciona la desesperación de los jóvenes, y de otros que ya no lo son tanto, que no ven dentro de la Isla futuro alguno para sí ni para sus hijos.

Acto seguido, el autor intenta salir al paso a quienes argumentamos que las sanciones estadounidenses no son la causa central de las calamidades que sufre el pueblo cubano: “Usan el recurso de decir que sí, que el ‘embargo’ es real, pero el régimen lo usa como ‘coartada’”. Y concluye: “Estamos ante una falacia de falsa dicotomía”.

Pero reconocer que las sanciones tienen efectos y sostener que el gobierno las utiliza como coartada no son afirmaciones incompatibles. Ambas cosas pueden ser ciertas. Invocar una supuesta falacia no exime al régimen de responder por sus propias decisiones.

De inmediato, Capote se abandona a lo que pretende ser un recuento histórico de las medidas adoptadas por Estados Unidos. Su relato comienza así: “El 6 de julio de 1960, el Presidente de la nación norteña anunció la supresión de la cuota azucarera cubana en el mercado yanqui, lo que significó un duro golpe para la economía de la Isla”.

Conviene precisar que aquel día Eisenhower anunció una reducción drástica de la cuota pendiente para el resto de 1960. Pero la pregunta fundamental es otra: ¿por qué adoptó esa medida?

De acuerdo con el tendencioso relato castrocomunista, entre los políticos de Washington habría surgido, ¡como por arte de magia!, un rechazo cerril y arbitrario a Fidel Castro y al gobierno que encabezaba; un odio abusivo contra los cubanos.

Muy convenientemente para sus propósitos propagandísticos, ese relato omite las decisiones de La Habana que contribuyeron al deterioro de las relaciones bilaterales. Entre ellas estuvieron las expropiaciones de propiedades estadounidenses y el conflicto por las indemnizaciones.

La cronología importa. Antes de la reducción de la cuota azucarera ya se habían producido expropiaciones de tierras y, a finales de junio de 1960, la intervención de refinerías extranjeras que se negaron a procesar petróleo soviético. Después llegaron nuevas y más amplias nacionalizaciones. Presentarlas todas como una simple respuesta a las sanciones estadounidenses equivale a borrar una parte de la historia.

En el proceso de implantación del sistema socialista, cuyo carácter no se había proclamado todavía de manera pública, el gobierno de Castro expropió casi todas las propiedades estadounidenses. También hizo lo mismo con bienes de cubanos y de extranjeros de otras nacionalidades, aunque se entiende que el interés de Washington se centrara en las reclamaciones de sus propios ciudadanos y empresas.

Se trataba de personas y compañías que habían invertido sus capitales en la Isla. ¡Por supuesto que aspiraban a obtener beneficios! Pero esa aspiración solo resulta repudiable en sí misma para quienes abrigan ideas comunistas. Para obtener esas ganancias también habían contribuido a desarrollar actividades económicas y a crear puestos de trabajo.

Las llamadas “nacionalizaciones” se convirtieron, para los propietarios privados de sus bienes sin una indemnización efectiva, en un despojo. Han transcurrido más de seis décadas y las reclamaciones estadounidenses certificadas continúan sin resolverse mediante un acuerdo de compensación entre ambos gobiernos. ¡Y todavía se asombran de que Washington no haya aceptado esa situación y procure contrarrestarla!

Pero debo reconocer que mi pretensión parece casi absurda. Aspirar a que un agitador castrocomunista refleje de manera veraz todos los aspectos relevantes de una situación política y económica equivale, al parecer, a pedir un imposible. La propaganda de estos socialistas burocráticos está reñida tanto con la verdad como con la objetividad.

Mientras tanto, seguiremos esperando a que quienes ostentan el poder en La Habana reconozcan el papel que las expropiaciones decretadas por el fundador de la dinastía tuvieron en el enfrentamiento con el vecino del norte. Y, sobre todo, a que asuman su responsabilidad por las decisiones que han llevado a Cuba a su catastrófica situación actual. Ese reconocimiento sería un primer paso hacia la normalidad.