La Fórmula 1 llevaba más de tres décadas sin correr en África cuando, el 13 de octubre de 2026, anunció un acuerdo de 10 años con Ruanda. Con él, el país suma otra alianza a la estrategia que convirtió al deporte en su herramienta de promoción internacional, mientras su gobierno enfrenta señalamientos por violaciones a los derechos humanos y respaldar al M23, un grupo armado que opera en la República Democrática del Congo.
“Esta asociación de 10 años también es una inversión en el futuro de Ruanda”, afirmó el presidente Paul Kagame en el anuncio del Gran Premio. El mandatario presentó la carrera como un proyecto para desarrollar la infraestructura deportiva, atraer turismo y diversificar los ingresos del país, y dijo que busca que el Gran Premio de África “abra el camino para que se celebren otras carreras en el continente”.
El Gran Premio de África llevará el nombre de Visit Rwanda, la marca turística del gobierno ruandés. Está previsto para principios de la década de 2030 y su estreno depende de que se termine un circuito en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional.
Esa marca es la forma en que el país se promociona a través del deporte. Llegó al futbol europeo en 2018, en la manga del Arsenal, y en 2025 a franquicias de la NBA y la NFL.
Esa expansión alimenta las acusaciones de sportswashing, término con el que se describe el uso del deporte para lavar la imagen de gobiernos señalados por violaciones a derechos humanos. Es la misma acusación que persigue a Qatar, dueño del PSG y sede del Mundial de 2022, y a Arabia Saudita, propietaria del Newcastle y sede del Mundial de 2034.
¿Cómo llegó Ruanda al deporte de élite?
La Fórmula 1 es la pieza más reciente de una estrategia que Kagame, presidente desde 2000, impulsó para promover al país como destino turístico, sede de congresos y centro de inversión.
Kigali recibió el Congreso de la FIFA de 2023, encuentros de la Basketball Africa League y el Mundial de Ciclismo de Ruta de 2025, el primero celebrado en África, en el que el mexicano Isaac del Toro fue quinto en la prueba de contrarreloj y séptimo en la de ruta.
En el futbol europeo, el primer gran escaparate fue el Arsenal, que llevó Visit Rwanda en la manga durante ocho temporadas, hasta junio de 2026. La relación finalizó después de protestas de aficionados del club en abril de 2025 y de que el gobierno congoleño pidiera a los equipos romper sus acuerdos con la marca, aunque ambas partes anunciaron una separación de común acuerdo.
El Bayern Múnich también modificó su relación, después de críticas de su afición y de una carta del gobierno del Congo. En agosto de 2025, el patrocinio comercial dio paso a una colaboración para la formación de futbolistas hasta 2028.
La canciller congoleña, Thérèse Kayikwamba Wagner, envió esa carta en febrero de 2025 a los dueños del Arsenal y del PSG y al presidente del Bayern. En ella les pidió terminar sus acuerdos con Visit Rwanda, a los que llamó “patrocinios manchados de sangre”.
En el PSG, un aficionado lanzó una petición en el mismo sentido que, en dos meses, reunió 73 mil firmas. Aun así, el club mantiene su vínculo hasta 2028.
El Atlético de Madrid firmó con Visit Rwanda en abril de 2025, pese a las críticas del Congo a esos patrocinios y su contrato también vence en 2028.
En julio de 2026, el Aston Villa anunció a Visit Rwanda como patrocinador principal de sus camisetas, en un contrato que, según reportes recogidos por Reuters, ronda los 20 millones de libras anuales. La reacción de su afición fue discreta, pero Amnistía Internacional criticó el acuerdo.
En Estados Unidos, los Clippers llevan la marca en sus uniformes, mientras los Rams, el SoFi Stadium y Hollywood Park la incorporaron como patrocinador turístico.
¿Qué la acerca a Qatar y Arabia Saudita?
Qatar y Arabia Saudita son monarquías absolutas, sin partidos políticos, cuyos gobiernos usaron el deporte para ganar influencia internacional mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban restricciones a las libertades civiles, a las mujeres y a la población LGBT+.
Qatar es el antecedente más claro de esa búsqueda de influencia. Qatar Sports Investments tomó el control del PSG en 2011 y el país organizó el Mundial de 2022, una exposición internacional que llegó acompañada de denuncias sobre la explotación de trabajadores migrantes.
La Organización Internacional del Trabajo reconoció avances en las reformas laborales, como el salario mínimo y la posibilidad de cambiar de empleador. Human Rights Watch, en cambio, sostuvo que persisten abusos salariales, condiciones peligrosas y muertes insuficientemente investigadas, además de obstáculos para aplicar esas reformas.
Las críticas no se limitaron al trabajo. El código penal qatarí castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta siete años de prisión y semanas antes del Mundial, Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias y golpizas a personas LGBT+ bajo custodia policial.
Arabia Saudita extendió su presencia con la compra del Newcastle United, encabezada por su fondo soberano en 2021 y al ganar la sede del Mundial de 2034.
Amnistía Internacional cuestionó la evaluación de derechos humanos de esa candidatura por omitir riesgos para trabajadores migrantes, críticos del gobierno y personas expuestas a discriminación.
El reino ejecutó a 356 personas en 2025, un récord según el conteo de la AFP, y su gobierno fue señalado internacionalmente por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.
En el país se mantiene un sistema de tutela masculina que, según Human Rights Watch, da a los hombres un “amplio control” sobre el matrimonio, el divorcio y la crianza de las mujeres.
Su legislación penal, basada en una interpretación de la sharia y sin código escrito, contempla penas que llegan hasta la pena de muerte por relaciones entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la organización Human Dignity Trust.
Las autoridades saudíes presentaron el deporte como parte de Visión 2030, su programa de transformación económica.
Qatar también participa en la infraestructura que acompañará al Gran Premio ruandés. El 1 de junio de 2026, Qatar Investment Authority anunció la compra a Qatar Airways de su participación de 60 por ciento en el nuevo aeropuerto internacional de Kigali por 578 millones de dólares y comprometió otros 1,100 millones para terminarlo. El comunicado no vincula esos recursos con el circuito.
¿Qué denuncias pesan sobre el gobierno de Kagame?
En un informe presentado el 5 de septiembre de 2025, una misión de investigación de la ONU recogió denuncias creíbles sobre personal militar ruandés que actuaba de forma encubierta dentro del M23. También documentó ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual sistemática cometidas por ese grupo.
Fue el primer informe de Naciones Unidas en señalar que esos abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La misión también registró graves abusos del ejército congoleño y de las milicias wazalendo, aliadas del gobierno.
En septiembre de 2026, Amnistía publicó una investigación sobre minas de coltán en Rubaya y de oro en Lomera, en el este congoleño. Con base en 26 entrevistas, además de fotos y videos, documentó la ejecución sumaria de 18 mineros artesanales, así como torturas, detenciones arbitrarias y trabajo forzado atribuidos a combatientes del M23 o a guardias de minas bajo su control.
La organización describió el tráfico de oro y coltán hacia Ruanda y consideró que algunas conductas podrían constituir crímenes de guerra.
El gobierno ruandés negó respaldar al M23 y justificó su postura militar por las amenazas a su seguridad desde territorio congoleño. En marzo de 2026, Estados Unidos sancionó al ejército ruandés y a cuatro altos mandos por su apoyo al grupo.
Dentro del país, Human Rights Watch denunció la represión de opositores y periodistas. Kagame fue reelegido en julio de 2024 con 99.18 por ciento de los votos, según la comisión electoral, tras la exclusión de varios de sus críticos de la contienda.
El acuerdo con la F1 reactivó los cuestionamientos: “Un Gran Premio de 10 años ‘presentado por Visit Rwanda’ es un premio de sportswashing para las autoridades ruandesas”, declaró Felix Jakens, jefe de campañas de Amnistía Internacional en Reino Unido, en una respuesta escrita recogida por Reuters.
El 16 de octubre, Human Rights Watch advirtió sobre los riesgos para periodistas, opositores y personas marginadas durante la preparación y la celebración de la carrera. La organización recordó que documentó detenciones de personas sin hogar y vendedores ambulantes antes de otros eventos en Kigali, retenidos en un almacén llamado “centro de tránsito” hasta la salida de los visitantes extranjeros.
Ese día, Human Rights Watch también pidió a la F1 compromisos verificables de protección a periodistas y una evaluación de riesgos, e informó que su carta del 24 de febrero seguía sin respuesta.
El campeonato defendió el acuerdo por sus posibles beneficios económicos y por acercarlo al público africano, aunque no detalló el precio del contrato ni el presupuesto del circuito.
Kagame presentó la carrera como una inversión en el futuro de Ruanda. Durante los 10 años del contrato, ese futuro también se medirá por las denuncias que su gobierno rechaza.
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