Defensa CD solicitó protección internacional para el director de 'La Hora de Cuba', encarcelado desde septiembre y expuesto a represalias y obstáculos judiciales.
MIAMI, Estados Unidos ― El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger al periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, encarcelado en Camagüey desde el 16 de septiembre, ante las denuncias de amenazas, obstáculos a su defensa y posibles represalias dentro de la prisión.
La petición fue presentada el 13 de octubre, según confirmó la organización a Diario de Cuba, que informó este martes sobre su contenido. Defensa CD, vinculada a la plataforma Cuba Decide, aseguró que actuó con autorización de los familiares del director de La Hora de Cuba y pidió a la Comisión que requiera al Estado cubano garantías para su vida y su integridad física y psicológica.
La solicitud reclama también que cesen las amenazas y represalias contra Constantín y su entorno, que pueda comunicarse de forma confidencial con su abogada y sus familiares, y que se comprueben sus condiciones de reclusión en la cárcel Kilo 7. La organización pidió su excarcelación o, mientras se examinan los riesgos denunciados, alternativas a la privación de libertad.
Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD, explicó a Martí Noticias, que reportó la iniciativa el 18 de octubre, que su propósito es conseguir protección internacional antes de que ocurra un daño irreparable. En declaraciones a ADN Cuba, Vargas señaló que el encarcelamiento afecta también a la redacción del medio que dirige Constantín y limita el acceso de los ciudadanos a información independiente.
Uno de los hechos incluidos en la petición es la denuncia de Alejandra García, periodista y pareja de Constantín, sobre amenazas de agentes de la Seguridad del Estado después de visitarlo el 9 de octubre. Según el relato recogido por Martí Noticias, los oficiales la interrogaron y le advirtieron que cualquier daño que pudiera sufrir ella repercutiría en la situación del preso. Se trata de una denuncia de García, no de un hecho reconocido por las autoridades.
La nueva gestión internacional ocurre cuando la situación penitenciaria del reportero también está bajo cuestionamiento. El 15 de octubre, La Hora de Cuba informó que funcionarios de Kilo 7 encontraron un cuchillo artesanal durante una requisa de las pertenencias de Constantín. El periodista negó que el arma fuera suya y sospechó que había sido colocada para incriminarlo. Según su relato, los oficiales fueron directamente al sitio donde apareció el objeto.
Tras el registro, el jefe de la unidad, identificado como el mayor Dany, ordenó un castigo de al menos 15 días en una celda de aislamiento y un procedimiento por tenencia de arma blanca, de acuerdo con la información transmitida por el periodista a sus compañeros. No se ha podido confirmar públicamente si comenzó a cumplir esa sanción ni si se formalizó una nueva acusación penal.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó el 16 de octubre que había presentado una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente. Solicitó investigar una posible manipulación de pruebas y proteger al periodista y a quienes denunciaran irregularidades, sin dar por comprobado que se hubiera producido un montaje.
El observatorio también denunció la incertidumbre sobre el expediente penal. Según explicó, el Tribunal Municipal de Camagüey lo devolvió a la Fiscalía y posteriormente comunicó que lo había remitido el 9 de octubre, pero ninguna de las instancias consultadas había confirmado su recepción hasta el 16. Esa situación, advirtió, dificultaba el trabajo de la defensa y la revisión de la prisión provisional.
Constantín fue detenido después de acudir a una citación policial el 16 de septiembre. Las autoridades lo investigan por presunta desobediencia, una acusación vinculada, según la información conocida, con su llegada tardía a una convocatoria anterior. Tras permanecer en Villa María Luisa, instalación de la Seguridad del Estado en Camagüey, fue trasladado a Kilo 7 y continúa sometido a prisión provisional, sin condena conocida.
El OCDH cuestionó desde el 25 de septiembre la proporcionalidad de esa medida. Considera que una supuesta tardanza a una citación no constituye necesariamente un delito de desobediencia y que mantener al periodista encarcelado mientras se tramita el proceso requiere una justificación específica. También ha denunciado las dificultades de la defensa para acceder oportunamente a la documentación del caso e impugnar las decisiones judiciales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de cuya Comisión de Libertad de Prensa e Información Constantín es vicepresidente regional para Cuba, exigió su liberación el 18 de septiembre. También el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reclamó el 25 de septiembre que las autoridades cubanas lo liberaran y pusieran fin al hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo independiente.
La solicitud ante la CIDH no significa que las medidas hayan sido concedidas. El artículo 25 de su reglamento permite intervenir ante situaciones graves y urgentes que impliquen riesgo de daño irreparable. Antes de decidir, la Comisión pide normalmente información al Estado involucrado, aunque puede prescindir de ese trámite cuando el peligro inmediato no admite demoras.
Si aprueba medidas cautelares, la CIDH debe fundamentar su decisión mediante una resolución. La Comisión ya ha empleado ese mecanismo en casos de personas encarceladas en Cuba: en abril de 2026 otorgó medidas de protección a un adolescente de 16 años, identificado mediante iniciales, al considerar en riesgo su vida, integridad y salud mientras permanecía preso.
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