Un coronel de la Seguridad del Estado aseguró a AP que los detenidos por la incursión de febrero serán juzgados por terrorismo.
MIAMI, Estados Unidos ― Los cinco sobrevivientes de la lancha armada que llegó desde Florida a la costa norte de Villa Clara el pasado 25 de febrero confesaron y cooperaron con los investigadores, y podrían ser juzgados por delitos de terrorismo que en Cuba admiten la pena de muerte, según dijo este lunes a The Associated Press (AP) el coronel Francisco Estrada Portales, de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT).
“Son delitos del título de terrorismo del Código Penal, actos con artefacto mortífero y explosivos”, explicó Estrada a la agencia. El oficial precisó que la Fiscalía todavía no ha pedido sanciones concretas. Cuba no ejecuta a nadie desde abril de 2003, cuando fusiló a tres hombres que habían secuestrado una lancha de pasajeros en la bahía de La Habana.
Según el coronel, las confesiones permitieron establecer que Amijail Sánchez González, cubano residente en Estados Unidos desde 2016, hizo los primeros disparos contra la patrulla de Tropas Guardafronteras. Estrada añadió que el peritaje de las armas y los explosivos ocupados concluyó que eran de alto calibre y funcionaban. “Las armas, los explosivos, todos estaban en buen estado técnico y con disponibilidad para ser utilizados y causar daño”, dijo.
Las autoridades mostraron a AP grabaciones en video de las declaraciones de los acusados, cuyo contenido y circunstancias la agencia no pudo verificar de forma independiente. En una de ellas, Leordan Enrique Cruz Gómez afirma que el plan era tomar una zona del territorio y llamar a la población a derrocar al Gobierno. En otro momento indica que el objetivo era provocar una intervención armada de Estados Unidos.
La entrevista coincidió con una nueva ofensiva de la prensa oficial. Horas antes, el programa propagandístico Razones de Cuba, de la Televisión Cubana, publicó lo que presentó como la segunda parte de su denuncia sobre el caso, con un documental de 14 minutos que recoge declaraciones de los detenidos.
El material, reproducido por medios estatales como el diario Trabajadores, sostiene que los imputados confesaron que su misión era tomar unidades militares, repartir armas a la población y organizar un levantamiento que desembocara en una intervención militar estadounidense.
El programa señala como principal organizadora a Maritza Lugo Fernández, cubana residente en Estados Unidos y dirigente del Movimiento 30 de Noviembre Frank País, en cuya finca de Florida, según el MININT, se entrenaron algunos de los implicados. Lugo rechaza la acusación en el propio material. “Ellos lo que están tratando es de tergiversar todo a su manera, como lo han hecho siempre”, afirma.
La versión oficial añade nombres que no figuraban en los comunicados de febrero. Entre detenidos en Cuba y personas que siguen en Estados Unidos, el documental menciona a Raúl Manuel Pupo Quevedo y Javier Verovides Rodríguez junto a Cruz Gómez, Sánchez González, Duniel Hernández Santos, José Manuel Rodríguez Castelló, Conrado Galindo Sariol y Cristian Ernesto Acosta Guevara.
El MININT advierte que quienes aportaron desde Estados Unidos la finca, las embarcaciones, el transporte y el armamento cometen, a su juicio, el delito de financiamiento del terrorismo.
Razones de Cuba enumera además los artículos del Código Penal que se invocan en el caso, entre ellos los referidos a actos con armas o artefactos explosivos, atentados contra la seguridad de la navegación marítima, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas de fuego. Las sanciones previstas, según el programa, van de 10 a 15 años de cárcel hasta la privación perpetua de libertad y la pena de muerte.
El relato oficial reconstruye también la travesía. Los 10 hombres salieron de Florida la noche del 24 de febrero en dos lanchas, cinco en cada una. Una se averió a las cuatro o cinco horas de navegación y sus ocupantes pasaron las armas y el equipo a la otra, llamada Tornado, que fue detectada a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz, en el municipio de Corralillo. Al acercarse la patrulla, según el MININT, intentaron huir y luego abrieron fuego, e hirieron de dos disparos al comandante de la embarcación cubana.
El enfrentamiento dejó cinco muertos entre los ocupantes de la lancha. Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña, Michel Ortega Casanova y Héctor Duani Cruz Correa murieron el día del tiroteo, y Roberto Álvarez Ávila falleció después a causa de sus heridas. En marzo, la Fiscalía General de la República informó que había instruido de cargos por terrorismo a seis imputados y que los mantenía en prisión provisional.
No es la primera vez que los detenidos hablan desde la custodia. En septiembre, el medio Belly of the Beast, cercano al régimen de La Habana, publicó entrevistas con cuatro de los sobrevivientes. Las conversaciones se hicieron en presencia del fiscal del caso, Edward Robert Campbell, y del propio coronel Estrada. Los detenidos aceptaron hablar sin abogado, y el medio reconoció que no podía verificar si lo hicieron sin presiones. Según ese reportaje, el acceso de los acusados a la defensa ha sido desigual: uno de ellos dijo que no había encontrado abogado dispuesto a llevar su caso.
Estrada afirmó a AP que Cuba compartió los resultados de la investigación con Estados Unidos y que hasta este lunes no había recibido respuesta. Razones de Cuba, por su parte, asegura que las autoridades estadounidenses conocen todos los detalles del expediente y acusa a Washington de permitir que se prepare con impunidad, desde su territorio, una operación armada contra la Isla.
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