Ahora el show castrista “antibloqueo” gira en torno al petróleo

LA HABANA, Cuba ― En los próximos días, el Gobierno cubano volverá a Naciones Unidas con su conocido show “antibloqueo”. La votación está prevista para el 27 y 28 de octubre, y ya se nota cómo el tema del petróleo ha adquirido mayor protagonismo en el discurso oficial.

Durante años, el régimen ha denunciado el embargo incluso mientras Estados Unidos se mantenía como proveedor de alimentos para Cuba. Por ejemplo, el pollo ha sido uno de los productos más visibles de ese comercio, que abarca también otros rubros agrícolas. Solo entre enero y agosto de 2026, las exportaciones estadounidenses de mercancías a la isla sumaron 876,5 millones de dólares.

El castrismo ha aprovechado las restricciones comerciales para mantener vivo el diferendo con Washington, piedra angular de su política internacional. Pero no hace falta negar la existencia del embargo para cuestionar el uso político que La Habana hace de él: las ventas autorizadas de alimentos y otros bienes son excepciones a unas sanciones que continúan vigentes.

Ahora, además de insistir en su argumento de siempre, el régimen dispone de un asunto especialmente sensible: el petróleo. Tras las medidas adoptadas por Washington a comienzos de 2026, se interrumpieron los suministros venezolanos a Cuba y aumentó la presión sobre otros proveedores. La escasez se sumó al deterioro de las centrales eléctricas y la infraestructura energética de la Isla.

El 31 de marzo llegó a Matanzas el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con unas 100.000 toneladas de crudo, después de que Estados Unidos permitiera su paso por razones humanitarias. También hay interceptaciones documentadas, pero no puede afirmarse que todos los demás petroleros con rumbo a Cuba fueran detenidos: la Guardia Costera estadounidense informó del abordaje del Grace, interceptado en septiembre, y de una operación anterior contra el Jaira Provider.

Frente a esas restricciones, existe una realidad que el discurso oficial difícilmente puede pasar por alto. Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, entre enero y agosto de 2026 las exportaciones estadounidenses de combustibles a la isla totalizaron 231,7 millones de dólares. En agosto alcanzaron 74,8 millones, por encima de los 60,1 millones correspondientes a alimentos y productos agrícolas. Las ventas se han dirigido principalmente al sector privado, no a empresas estatales cubanas.

Sin embargo, esas importaciones no significan que Cuba haya superado la crisis energética. Las empresas privadas pueden adquirir combustible estadounidense en condiciones autorizadas, mientras los suministros destinados a las entidades estatales siguen sujetos a restricciones. Precisamente esa contradicción invita a examinar qué sectores consiguen energía y quién controla su distribución dentro del país.

Ah, pero el castrismo conoció tiempos mucho más favorables. Durante los años 80 recibió grandes cantidades de petróleo soviético y pudo reexportar una parte para obtener moneda convertible. El negocio no es una especulación: estudios de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana documentan que, entre 1983 y 1987, esas reexportaciones superaron al azúcar como fuente de divisas.

En el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), la Isla recibía petróleo en condiciones preferenciales y transformaba parte de aquel suministro en ingresos externos mediante su venta a precios internacionales. Un estudio del Fondo Monetario Internacional confirma que el petróleo soviético excedía las necesidades internas cubanas y que La Habana tenía autorización para comercializar la diferencia.

Con Venezuela también hubo un intercambio petrolero ventajoso. El convenio de cooperación firmado en 2000 abrió la puerta al suministro de crudo y derivados en condiciones de financiación preferenciales. Un análisis académico de 2012 describió la posibilidad de reexportar derivados refinados en Cuba. Por su parte, Reuters documentó en 2024 buques de PDVSA que descargaban una parte del combustible en aguas cubanas y llevaban el resto a Asia; ese dato no prueba que Cuba vendiera por su cuenta los cargamentos destinados al continente asiático.

Las divisas generadas por aquellas operaciones reforzaron la capacidad financiera del Estado, pero no es posible asignarlas sin pruebas a operaciones concretas de inteligencia o al conglomerado militar GAESA. Este último, además, se fundó en 1995, después del período soviético. Su posterior control de importantes actividades generadoras de divisas sí constituye un asunto pertinente cuando se examina quién se beneficia de los negocios estatales.

Aunque el aparato de poder podría beneficiarse indirectamente de parte del combustible importado por empresas privadas —algunas han alquilado estaciones de servicio a entidades estatales—, lo indudable es que las autoridades ya no disponen del mismo margen que les daban las entregas preferenciales de antaño. Conviene investigar esas relaciones comerciales sin dar por demostrados los destinos finales del dinero.

Por eso es probable que en Naciones Unidas escuchemos otra vez la cantaleta del “cerco energético”. Las restricciones estadounidenses existen y tienen consecuencias; tampoco son la explicación única de una crisis agravada por décadas de decisiones económicas del régimen. El petróleo vuelve así al centro de la disputa, pero reconocer sus efectos no obliga a aceptar la coartada política de La Habana.