Ante el aumento de la pobreza, el régimen busca que mipymes y empresas privadas asuman una mayor responsabilidad en la asistencia social.
La cifra de ciudadanos reconocidos oficialmente bajo condición de vulnerabilidad en Cuba alcanzó las 883.446 personas al cierre del mes de agosto, reflejando una expansión constante de la pobreza que las autoridades castristas pretenden amortiguar recurriendo al auxilio del emergente sector privado.
El dato, analizado este viernes durante una sesión de la Comisión Nacional de Políticas Sociales, representa un incremento neto de 6.924 personas en un lapso de apenas cuatro meses respecto a las 876.522 contabilizadas en abril, de acuerdo con reportes del portal oficialista Cubadebate.
Durante el encuentro gubernamental, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz justificó la dilatación de este indicador atribuyéndolo a las sanciones financieras de Estados Unidos, que a su juicio “repercuten en los programas sociales y agudizan los problemas existentes”.
Ante el agotamiento de las arcas del Estado, el alto funcionario delineó la estrategia del régimen para derivar responsabilidades de asistencia hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el trabajo por cuenta propia.
“Es necesario exigir una mayor contribución social de las empresas estatales y privadas, así como comprobar el avance del apadrinamiento de las instituciones sociales por parte de los actores económicos”, sostuvo Martínez Díaz.
“El objetivo es que todas las instituciones sociales cuenten con el apoyo de alguna entidad económica, en correspondencia con su responsabilidad social”, agregó.
El vice primer ministro enfatizó además que el abordaje de la crisis “no puede limitarse a la entrega de módulos alimenticios, sino que debe partir de una búsqueda activa de las personas que necesitan apoyo y de la elaboración de un plan específico para cada una”.
A pesar de esa advertencia, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, confirmó que el Gobierno procederá al reparto de módulos de alimentos prioritarios, cuyos padrones de beneficiarios fueron previamente cruzados entre las direcciones municipales del sector y las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos (Oficodas).
Controversia en el poder
El aumento de la vulnerabilidad económica discurre de forma paralela al visible incremento de las personas en situación de calle o “deambulantes”, como los describe el discurso oficial, un fenómeno que ha provocado severos roces dentro de la propia cúpula castrista.
La problemática desencadenó en 2025 la dimisión de la anterior titular de la cartera de Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, quien presentó su renuncia después de que catalogara a los mendigos como individuos “disfrazados” que optaban por “un modo de vida fácil”.
La postura de la exministra fue reprendida públicamente y motivó la intervención del dictador Miguel Díaz-Canel, quien admitió la presencia de “comportamientos deambulantes” y catalogó de contraproducente “denigrar las figuras que están involucradas”, reconociendo que negar la mendicidad “expresa un desconocimiento de la realidad que está viviendo el país”.
Registros oficiales del pasado año señalan que más de 3.700 personas clasificadas dentro de esta categoría permanecen institucionalizadas en los denominados “Centros de Protección Social”, de las cuales un 38% carece por completo de una vivienda o núcleo familiar al cual retornar.
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