¿Combustible para los privados o para la represión? Fuentes de las FAR describen el esquema

LA HABANA.- Apenas unas horas después de que Estados Unidos incautara un cargamento de combustible presuntamente destinado a la empresa estatal ENETEC S.A., previamente sancionada por Washington por su vínculo con GAESA, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó un mensaje en X expresando la inconformidad del régimen con medidas similares.

Tal coincidencia y la magnitud de la reacción hacen pensar que sí tenían total conocimiento sobre los más de 600 mil galones de combustible, a pesar de las posteriores declaraciones a Reuters de Vicente de la O Levy sobre la carga confiscada. De la cual dijo no tene r conocimiento sobre contratos firmados para los envíos. Pero, ¡cuidado!, eso no quiere decir que desconociera sobre las disímiles estrategias que la dictadura ha desplegado en los últimos meses para burlar las sanciones y beneficiarse colateral o directamente del combustible importado por las empresas “privadas”.

Días antes ya veíamos cómo usaban los depósitos de lastre en las embarcaciones para ocultar cargas y, más recientemente, supimos del incendio de un contenedor de isotanques durante la maniobra de apertura en un depósito de la Unidad Básica Talleres y Desmonte de Manzanillo, perteneciente a Azutecnia, entidad adscrita al estatal Grupo Azucarero Azcuba.

Un episodio que no solo habla de la ausencia de condiciones mínimas y protocolos de manipulación para el almacenamiento de tales volúmenes de combustible por el sector estatal —cuando, por otra parte, se muestran excesivamente rigurosos con los importadores y compradores del sector no estatal, lo cual ha sido justificación para decomisos y multas— sino de que al menos existe una brecha por la cual el régimen estaría sacando beneficios de las importaciones desde los Estados Unidos.  

Este accidente en la provincia de Granma, acaecido como para contradecir las declaraciones del ministro de Energía y Minas, llegó a demostrar con pruebas bien claras que buena parte de ese combustible que arriba a la Isla desde los Estados Unidos, supuestamente con destino a los “privados”, estaría terminando en manos del aparato empresarial del régimen, que solo para los ingenuos es un secreto la relación de subordinación de este con las fuerzas represivas, bajo el concepto de que la “defensa nacional” (y sabemos lo que significa esto para el castrismo, reacio a abandonar el poder) es la prioridad y no la producción de bienes y servicios para el bienestar de la población.

Como con el taller de Azcuba en Granma, podríamos sospechar sobre el uso (ya como puente o con destino a la “defensa” y “tareas estratégicas”) que le han dado a los depósitos de otras empresas estatales, además de los de CUPET, recientemente añadida a la lista de entidades sancionadas por Washington y, por tanto, más sensible como destino o intermediario cuando lo que se pretende es distraer la atención sobre aquellas otras empresas estatales o “privadas” que estarían sirviendo de testaferros al régimen para ayudarlo a abastecerse de combustible.

Los testimonios de dos fuentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en activo, consultadas a modo personal por quien suscribe estas líneas, a raíz del incendio del día 12 de octubre, donde hubo cinco lesionados, describen al menos uno de esos esquemas de intermediación donde no solo se usan los depósitos de empresas estatales para almacenar y abastecer el parque automotor de las FAR y el MININT sino para establecer contratos de compra e importación del combustible. Lo hacen con mipymes privadas que a veces, según las fuentes, ni siquiera son conscientes del verdadero destino final.

De acuerdo con lo dicho por una de ellas, vinculada directamente al proceso de contratación de los depósitos, la coordinación se realizaría la mayoría de las veces partiendo de una solicitud directa de algún gobierno local a algunas de las empresas, casi siempre como parte de algún proyecto de desarrollo local (PDL), simulando la necesidad de apoyo a cooperativas agropecuarias y hasta a comunidades y grupos identificados como vulnerables, aunque el combustible jamás se emplea en ninguno de esos destinos sino en lo que en las mismas empresas queda registrado como “apoyo a tareas estratégicas” del Gobierno.

Eso explica en parte por qué, con frecuencia, reporteros de medios independientes y muchas personas en redes sociales afirman haber visto autos patrulleros y demás medios de transporte del MININT y las FAR abasteciéndose de combustible tanto en determinados servicentros —más allá de los que conocíamos como propios de esos organismos— como en talleres que aún continúan vinculados a empresas agrícolas, y hasta en terminales de ómnibus como las de San Agustín, en La Lisa, por ejemplo.

A la luz de las declaraciones de las fuentes consultadas por nosotros y de lo que a diario se ha visto en los lugares que funcionan como depósitos arrendados a las empresas estatales, ya sean de CUPET o de los ministerios de la Agricultura, Transporte y Turismo  —por mencionar los más recurridos, según nuestras fuentes— tanto el incendio en Granma como las incautaciones en Estados Unidos, que el régimen insiste en desconocer como propias, indican que han puesto en práctica más de un esquema para evadir las sanciones. Y, quizás, por los volúmenes de importaciones de las que se habla por estos días, que van sumando más de 230 millones de dólares tan solo entre enero y agosto de este año, hasta se encuentre en una situación de abastecimiento mucho mejor que antes de las sanciones.  

Más allá de lo que podemos deducir de los acontecimientos y de los testimonios, la realidad es que hasta hoy el parque vehicular de las fuerzas represivas (patrulleros, motocicletas, camiones para el traslado de tropas antimotines, autos de trabajo y particulares) se mantiene activo, incluso más que antes, haciendo evidente que existe un nivel de combustible que reciben sin interrupciones ni límites, y de que probablemente cuenten con reservas de este para una situación o evento “extraordinario”, a pesar de las carencias en sectores como Salud, producción agrícola, generación eléctrica y servicios de Comunales, donde el deterioro de los servicios se justifica, irónicamente, con la imposibilidad de importar combustible debido a las sanciones de Washington.