El llamamiento, encabezado por la Asamblea de la Resistencia Cubana y la UNPACU, se dirige sobre todo a la Unión Europea a dos semanas de la votación anual.
MIAMI, Estados Unidos — Más de 550 opositores, presos políticos, familiares de presos y exiliados cubanos pidieron a los gobiernos democráticos que voten en contra de la resolución que La Habana presentará el 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU contra el embargo estadounidense o que, al menos, se abstengan.
El llamamiento, fechado el 8 de octubre en Miami, lo difundió este lunes el Directorio Democrático Cubano en un comunicado.
“Nuestra petición es clara: les pedimos que voten en contra de la resolución presentada por la dictadura cubana o, como mínimo, que se abstengan”, dice el texto, redactado en inglés y titulado “Appeal by Cuba’s Democratic Organizations and Activists”.
Los firmantes se dirigen en particular a la Unión Europea y sus Estados miembros, al Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias de América Latina. Según el comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) encabezan la iniciativa como parte del Acuerdo de Liberación, el plan de transición que la ARC y la coalición Pasos de Cambio proclamaron en marzo pasado en Miami.
La lista reúne a figuras del exilio como Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC; Javier de Céspedes, presidente del Directorio Democrático Cubano; José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU; el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la activista Cristina Canales, directora de la Fundación Nacional Cubano Americana.
También firman desde la Isla opositores como Ángel Moya, exprisionero político del Grupo de los 75, y el escritor Ángel Santiesteban, junto a presos políticos, entre ellos Félix Navarro y su hija Sayli Navarro, en Matanzas, y reclusos de las prisiones Kilo 8, en Camagüey; Boniato y Mar Verde, en Santiago de Cuba, y Guanajay, en Artemisa.
“Culpar al tratamiento por la enfermedad”
El texto sostiene que el Gobierno cubano usa la votación anual para presentarse como víctima de una agresión extranjera mientras oculta su propia responsabilidad en la crisis del país. “El sufrimiento del pueblo cubano no es fundamentalmente resultado de las sanciones de EE.UU.”, afirma, y lo atribuye al sistema político de Fidel y Raúl Castro, que a su juicio perpetúan hoy Miguel Díaz-Canel, la cúpula del Partido Comunista y la jerarquía militar.
Para defender las sanciones, el documento recurre a una comparación médica. “Las sanciones de EE.UU. pueden compararse con la quimioterapia utilizada para combatir un cáncer peligroso”, escriben los firmantes. A su juicio, el tratamiento tiene efectos secundarios dolorosos, pero sería un error culparlo de la enfermedad que intenta combatir.
Los firmantes advierten además que cada voto favorable de un país democrático alimenta la propaganda del Gobierno cubano, que lo presenta como una victoria política propia. En su lugar, proponen una política de dos vías: sanciones selectivas contra los responsables de la represión y la corrupción, y ayuda humanitaria directa a la población a través de Cáritas, iglesias independientes, organizaciones humanitarias confiables y estructuras verificables de la sociedad civil, no de instituciones controladas por el Partido Comunista o por los conglomerados empresariales de los militares.
Como prueba de que las sanciones no impiden el comercio, el llamamiento cita que EE.UU. exportó a Cuba unos 674 millones de dólares en bienes entre enero y julio de 2026, un 61,8% más que en el mismo período de 2025.
Con estas cifras, que coinciden con las de la Oficina del Censo de EE.UU., el acumulado de los ocho primeros meses del año llega a 876,5 millones de dólares, un 73,2% más que entre enero y agosto de 2025. Solo en agosto, las exportaciones sumaron 202,5 millones, más del doble que un año antes y el mayor valor mensual de la serie, que comienza en 1992.
Un voto que ya perdió apoyos
El llamamiento llega después de que La Habana perdiera respaldo en la votación anterior. El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General aprobó la resolución con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, frente a los 187 apoyos, dos votos en contra y una abstención de 2024.
En aquella ocasión votaron en contra EE.UU., Israel, Argentina, Hungría, Paraguay, Macedonia del Norte y Ucrania. Se abstuvieron Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Polonia, Moldavia y Rumanía. Siete de los 27 miembros de la Unión Europea, el bloque al que se dirige en primer lugar el llamamiento, no respaldaron entonces el texto cubano.
El Gobierno cubano prepara la nueva votación con su informe anual sobre los daños del embargo. Al presentarlo el 7 de septiembre en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla cifró en 8.083,3 millones de dólares los perjuicios causados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, un 7% más que en el informe anterior, y anunció que la Asamblea General debatirá el texto el 27 y el 28 de octubre, con la votación prevista para el miércoles 28.
La resolución, que La Habana presenta desde 1992, no es vinculante. El embargo solo puede ser levantado por el Congreso de Estados Unidos.
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