Ucrania en la ONU: los cubanos son explotados “como carne de cañón en la guerra de otro país”

MIAMI, Estados Unidos ― La representación de Ucrania denunció este lunes en la sede de Naciones Unidas que más de 1.000 cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre 2023 y 2025, durante un acto organizado por la misión de EE.UU. para pedir a los países miembros que no respalden la resolución cubana contra el embargo.

La denuncia la hizo el embajador Oleksandr Pavlichenko, representante permanente adjunto de Ucrania ante la ONU, invitado al panel “Cuba Libre: la opresión que La Habana oculta”. Según Pavlichenko, Rusia ha reclutado a unos 20.000 extranjeros de 47 países para combatir en Ucrania, y los cubanos figuran entre los más numerosos. 

“Los ciudadanos cubanos están entre los cuatro grupos nacionales más numerosos representados en este reclutamiento”, dijo el diplomático.

La cifra de cubanos, aclaró, es solo una estimación de Kiev y no refleja el cuadro completo. Pavlichenko señaló la crisis económica de la Isla como uno de los motores del reclutamiento, con pagos mensuales de unos 2.000 dólares, pero advirtió que la necesidad no puede servir de pretexto para arrastrar a nadie a una guerra de agresión. 

Ucrania, agregó, pide que cese el envío de cubanos al frente y que sean liberados quienes permanecen retenidos contra su voluntad en las fuerzas rusas. “El pueblo cubano merece un futuro construido sobre la libertad y la dignidad, no uno en el que sus ciudadanos sean explotados como carne de cañón en la guerra de otro país”, concluyó.

Para Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), esa fue la intervención más contundente de la jornada. “El discurso del embajador de Ucrania fue épico”, declaró a CubaNet.

“Por favor, voten no”

El acto, transmitido en directo por la televisión web de la ONU, lo encabezó el embajador estadounidense Mike Waltz. El diplomático abrió con un video del arresto del artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los panelistas, y sostuvo que en Cuba hay más de 800 presos políticos. También citó las cuentas del conglomerado militar GAESA reveladas por el Miami Herald: 18.000 millones de dólares en activos corrientes, de los cuales 14.500 millones estaban en cuentas financieras. Acusó además al Gobierno cubano de lucrar con las misiones médicas y con el envío de cubanos a la guerra en Ucrania.

Al cierre, Waltz cuestionó el argumento del “bloqueo” con ejemplos de mercancías que sí llegan a la isla: más de 500 millones de dólares en exportaciones agrícolas estadounidenses el año pasado, combustible de EE.UU. y los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciados por Donald Trump y repartidos a través de la Iglesia católica. Luego pidió a las delegaciones: “Por favor, voten no”. Si eso les resultaba difícil, añadió, que al menos se abstuvieran o se ausentaran de la votación.

La congresista republicana Nicole Malliotakis, hija de una cubana que salió de la Isla en 1959, calificó de tragedia que Cuba haya ocupado seis veces un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. “Ningún gobierno (…) tiene derecho a torturar a su pueblo, a matar de hambre a su pueblo”, dijo.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y obligado a exiliarse en EE.UU. desde octubre de 2025, relató que pasó más de 12 años en prisión, nueve de ellos en confinamiento solitario. Contó también que, antes de su salida, las autoridades le ofrecieron suspenderle la condena a cambio de hablar a favor del régimen, y que se negó. 

Ferrer explicó a los diplomáticos por qué una carta firmada por opositores les pide votar en contra o abstenerse: a su juicio, el embargo no es el responsable de la crisis y el Gobierno usa cada votación como propaganda durante el resto del año.

Otero Alcántara, excarcelado en julio tras cumplir cinco años de prisión, aseguró que fue detenido más de 90 veces en tres años antes de su condena. Según el artista, más de 30 creadores siguen presos por su obra, entre ellos el rapero Maykel Castillo Pérez, condenado a nueve años. Denunció también que su hijo de 18 años fue enviado al Servicio Militar Activo y que allí se presionó a sus compañeros para que lo maltrataran.

María Werlau, directora de Archivo Cuba, dijo haber entrevistado a cientos de profesionales de las misiones médicas. Según sus datos, un médico gana en Cuba menos de 10 dólares al mes, y quien abandona una misión queda vetado de regresar al país durante al menos ocho años. 

Werlau sostuvo que la propia Oficina Nacional de Estadística e Información registra 34.700 millones de dólares en exportaciones de servicios de salud y otros servicios sociales entre 2018 y 2024, de los cuales solo el 0,96% se reinvirtió en esos sectores. “Si esto es esclavitud moderna, ¿qué no lo es?”, preguntó.

El economista Emilio Morales, que dijo haber trabajado dentro de GAESA y ocho años en el sector de la salud, afirmó que el conglomerado controla más del 70% de la economía cubana y más del 95% de sus transacciones financieras. A su juicio, las cuentas reveladas por el Miami Herald son apenas la punta del iceberg.

El Gobierno cubano rechazó el acto desde que se anunció. El jueves 16, su representante permanente ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, lo calificó ante la prensa acreditada de maniobra con motivación política y alegó que viola las normas de la organización sobre el uso de sus instalaciones.

Este lunes, según la agencia EFE, Soberón acusó a Washington de actuar “como un delincuente internacional” y aseguró que “Cuba no es una amenaza” y “el bloqueo sí lo es”.

La resolución cubana sigue contando con mayoría en la Asamblea General, aunque con menos apoyo que antes: el año pasado obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, frente a los 187 votos a favor de 2024. Ucrania fue uno de los siete países que votaron en contra.